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5.13.2008

Abolición Esclavitud

''Es declarada extinta desde la fecha la Ley de Esclavitud en Brasil''.
Éste es el artículo 1º de la ley que puso,
en mayo 13 1888, a miles de negros en libertad en el país.

Hoy, más de 100 años después, ellos suman apróximadamente
el 45% (5% negros 40% mestizos) de la población brasilera que viven,
como muchos historiadores afirman,
bajo el mito de democracia racial, mito confirmado en cifras,
muchas de ellas del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE).

La abolición completa de la esclavitud en Brasil es la causa directa
de la caída de la monarquía.
En 1888 el emperador Pedro II viaja a Europa y deja a su hija,
la Princesa Isabel, como regente.

En mayo de ese año, en respuesta al colapso de la esclavitud como
sistema práctico, y cediendo a las presiones de los abolicionistas,
Isabel firma la llamada Ley Áurea,
que despierta reacciones entre los propietarios de esclavos,
hasta el punto de erosionar las bases políticas de la monarquía.

En 1818 vivían en el Brasil unas 3.805.000 personas,
de las cuales sólo el 27% eran blancos.
Los indios eran el 6%, los mulatos y mestizos el 15%,
mientras que los esclavos negros de origen africano eran el 51% restante.

En 1863 Brasil se había convertido en el único gran país del mundo
que mantenía un sistema esclavista.

En 1871, el parlamento de Brasil sancionó la ley Río Branco
que establecía la libertad de vientres y creaba un fondo de emancipación.
Pese a sus aparentes logros la ley no satisfizo a nadie,
ya que mientras los plantadores sentían cada vez más amenazadas sus
posesiones, los abolicionistas la consideraban insuficiente.

De acuerdo al censo de 1872, 6 de cada 10 brasileros eran negros,
lo que se explica por el elevado número de esclavos ingresados al país
entre 1811-1850.

En 1884 las regiones de Ceará y Amazonas liberaron a sus esclavos
y al año siguiente todos los esclavos mayores de 60 fueron manumitidos.

En 1888 se declaró la libertad total para los casi 700.000 negros
que aún permanecían esclavizados,
sin que el gobierno fijara ningún tipo de compensación para los propietarios.

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